LA SUSPENSIÓN DE DERECHOS EN TERRITORIO NACIONAL

Dirección de Derecho Constitucional.

Estos últimos días, mucho se ha hablado respecto al libre tránsito dentro del territorio nacional, es decir, sobre las medidas que prohíben a los ciudadanos trasladarse libremente de un Estado a otro, incluso dentro de su misma ciudad, velando por el Plan de Mitigación expuesto por el Subsecretario de Salud.

Debe decirse, que el artículo 11 de la Constitución Federal, tutela la libertad de tránsito, al disponer que toda persona tiene derecho para entrar a la República, salir de ella, viajar por su territorio, y mudar su residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte o de requisitos similares.

Esto es así, pues la libertad de tránsito es un derecho fundamental que reconoce la misma Constitución General de la República, sin embargo, como todo derecho no es absoluto, pues éste tiene ciertas limitaciones.

Dicho derecho, se verá subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad civil o penal; sobre extranjeros perniciosos residentes en el país; así como también se verá subordinado a las facultades de la autoridad administrativa respecto a las disposiciones migratorias y de salubridad general de la República.

México y el mundo viven una situación crítica, un virus poderoso demostró la debilidad que tenemos los seres humanos, sin embargo, esto no es suficiente para que el Presidente de la República justifique mediante decretos emitidos discrecional y unilateralmente, la suspensión de derechos humanos y sus garantías, como lo es la libertad de tránsito… por ello considero, debe seguir el procedimiento contenido en el artículo 29 de la Noma Suprema.

Dicho precepto constitucional, establece la facultad del Poder Ejecutivo –el Presidente de la República–, previa aprobación del Poder Legislativo –El Congreso de la Unión o su Comisión Permanente según el caso–, para suspender la vigencia de ciertos derechos y hacer frente a situaciones de emergencia, como lo puede ser la contingencia sanitaria.

Lo anterior, tomando en consideración que existen derechos que no se pueden suspender bajo ninguna circunstancia de acuerdo al artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, estos son: el derecho a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica, la integridad personal, la prohibición de la esclavitud y servidumbre, la no discriminación, el principio de legalidad y retroactividad, la libertad de conciencia y de religión, protección a la familia, derecho al nombre, los derechos del niño, a una nacionalidad, así como los derechos políticos.

Por ello, que contrario a lo expresamente establecido en el artículo 27 de dicha Convención, el derecho a la libertad de tránsito puede ser suspendido, previo el procedimiento contenido en el artículo 29 de la Norma Suprema.  

Del supuesto constitucional señalado anteriormente, conviene destacar ciertos aspectos; que la facultad de suspender derechos frente a los casos de emergencia, corresponde únicamente al Presidente de la República, con aprobación del Congreso de la Unión o la Comisión Permanente según el caso; que solo ciertos derechos pueden ser restringidos –los necesarios para poder hacer frente a la situación emergente–;debe señalarse la determinación del lugar geográfico en el que se suspenderán; la temporalidad de dicha suspensión; la generalidad y abstracción del decreto –mismas características que rigen a toda norma jurídica–; éste deberá observar los principios de proporcionalidad, legalidad, racionalidad, publicidad, proclamación y no discriminación; y por último la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá revisar la constitucionalidad del decreto emitido.

Esto último quiere decir, que la actividad discursiva del Presidente de la República en cuanto a la suspensión de derechos reconocidos por la propia Norma Fundamental, así como de las garantías otorgadas para su protección, no es suficiente, ya que el Poder Ejecutivo se ve sometido por una parte, al control del Poder Legislativo Federal –el Congreso de la Unión o su Comisión Permanente según el momento–, respecto a la aprobación del Decreto de suspensión de derechos, pues deberá realizar un estudio a priori de la constitucionalidad de dicha determinación, y por otra, a la revisión de la constitucionalidad y validez a posteriori del Poder Judicial de la Federación –la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, mismo que podría anularlo mediante la declaratoria de inconstitucionalidad, declarando su invalidez si éste no cumple con los alcances previstos por la propia Constitución Federal.

De ahí la importancia de entender la dinámica en la arquitectura institucional que el Constituyente Permanente ha establecido previamente en la Constitución Federal, así como del principio de división de poderes.

Lo anterior, debido al sistema de frenos y contra pesos, adoptado por México, donde el poder, es el límite del propio poder.

Juan Pablo Brito Cavazos.